El 22M, un expediente contra el Gobierno

 

Es habitual que, en un contexto en el que crecen las desigualdades y la pobreza, los gobiernos tiendan a criminalizar las demandas y manifestaciones de la ciudadanía, con el objetivo de evitar que una enorme reacción popular termine expulsándoles. Es lógico que teman la movilización social.

El pasado verano, sin ir más lejos, el Fondo Monetario Internacional publicó un informe sobre España, en el que señalaba dos aspectos que podrían “comprometer el esfuerzo de reforma”. Cuando dice reforma, leáse más recortes. Esos dos aspectos eran: la tensión social y un cierto debilitamiento del bipartidismo.

Para evitar que crezca la ‘tensión social’, las protestas, las manifestaciones, no hay mejor estrategia que la de intentar estigmatizarlas. Y eso es lo que lleva haciendo el Gobierno desde hace tiempo: El 15M fue un movimiento de perroflautas y antisistema, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca es el entorno de ETA, y ahora las Marchas de la Dignidad son violentas y neonazis. El país se tambalea, se empobrece de forma vertiginosa, y ante ello las autoridades refuerzan sus estrategias para mantenerse en el poder. Nada nuevo en la historia.

Ahora bien, a la hora de informar y de analizar la actualidad hay que tener en cuenta el contexto político y económico en el que nos encontramos y asumir que las fuentes de información oficiales no son suficientes para saber qué está pasando. Quien crea que los mensajes procedentes de las autoridades no deben ser cuestionados y contrastados estará haciendo un flaco favor al periodismo.

Dentro de los parámetros del Gobierno, toca criminalizar el 22M, tergiversarlo, reducirlo a un episodio violento. Se presentan multas contra los organizadores de las marchas, se les abre expediente, e incluso se muestran pruebas falsas para inculpar a los manifestantes.

A veces hay contextos que entendemos mejor si los observamos con cierta distancia.

Cuando las fuerzas de seguridad egipcias dispersaron la enorme manifestación de Tahrir en 2011 entedimos que allí había un problema con la libertad de protesta. Cuando los medios egipcios silenciaron o minimizaron las revueltas, comprendimos que había un déficit en la libertad de información. Cuando las autoridades de El Cairo arrestaron a activistas, blogueros y manifestantes lo interpretamos como un intento de criminalizar las movilizaciones.

Si algún integrante de las fuerzas de seguridad de un país árabe se pasea por las televisiones mostrando pruebas falsas- armas- para inculpar a manifestantes, lo interpretaríamos como síntoma del deterioro de su Estado de derecho.

Somos capaces de percibir la represión y los recortes de libertades en territorios ajenos. Sabemos que algunos países hacen uso de grupos de infiltrados para enturbiar las protestas. Otros recurren a la propaganda para neutralizar manifestaciones. Pero pensamos que eso siempre pasa fuera, nunca en España.

La reacción de las calles fuera de nuestras fronteras puede llegar a parecernos algo lógico y, según el caso, legítimo y necesario. La prensa estará incluso dispuesta a barnizar de una pátina romántica determinadas desobediencias extranjeras, como ocurrió con Túnez, Egipto o más recientemente Ucrania. Pero cuando se trata de las nuestras, la cosa cambia.

Aquí aún nos creemos que esto es un Estado de derecho donde todos somos iguales ante la ley, donde las fuerzas de seguridad se comportan siempre de forma ejemplar y donde las autoridades nunca mienten, ni roban, ni abusan del poder para enriquecerse.

Partir de esa base es fallar estrepitosamente en el análisis de la actualidad. Este país se encuentra en un punto de inflexión que han venido a observar incluso integrantes de la OSCE, como antes lo hicieran en Grecia, para vigilar el experimento al que nos están sometiendo y ver hasta dónde llega la capacidad de aguante de la gente, de la calle.

lee el articulo completo en Eldiario.es / Olga rodriguez.

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